Este año el Gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador puede dar un revés a la reforma energética que heredó del sexenio de Enrique Peña Nieto y con ello concretar una de sus principales objetivos, fortalecer la participación del Estado en el sector energético. ¿Cuáles serían los efectos de la posible contrarreforma?

López Obrador trabaja en cambios constitucionales y leyes secundarias para revertir la reforma energética de 2013. El fin de la iniciativa gubernamental, según ha manifestado el propio presidente, es evitar que se “privatice el sector energético, porque si no tenemos independencia en nuestros energéticos, no podemos garantizar nuestra soberanía como país independiente”.

Para trabajar en dicho plan, el 22 de julio de 2020, el presidente envió un memorándum a los trabajadores de la Secretaría de Energía (Sener), Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), en donde manifestó que “es urgente profundizar en los cambios ya iniciados para rescatar a Pemex y a la CFE, considerando a estas empresas públicas como estratégicas e indispensables para el desarrollo independiente y soberano de la nación”.

Días después, en la conferencia matutina del 29 de julio, comentó que “es probable que no se modifique la Constitución. Ahora, si necesitamos hacerlo para consolidar, repito, a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, no descartamos la posibilidad de que enviemos una iniciativa de reforma a la Constitución. No lo haríamos ahora, lo haríamos hasta el tercer año”.

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